Ejemplos de este distanciamiento son múltiples. Según las encuestas del estado de opinión de las poblaciones en los países de la UE, la población española es de las que desea un mayor incremento del gasto público social (debido, en parte, a que el gasto social per cápita en España es de los más bajos de la UE (Eurostat, 1997). A pesar de ello, no hay ningún diario importante español (entre los seis más importantes del país) que haya editorializado como lo han hecho, entre otros, Le Monde, en Francia, y The Guardian, en la Gran Bretaña, a favor de un mayor gasto público y social. Antes al contrario, los periódicos que se han expresado a través de sus editoriales a este respecto ha sido precisamente para aconsejar al Gobierno español que reduzca el crecimiento del gasto social o que lo congele.

Otro ejemplo de uniformidad, dentro de la diversidad en estos medios de información, ha sido la interpretación que tales medios han realizado del problema social más importante que tiene España, a saber, el paro. La gran mayoría de la cultura mediática del país -con contadísimas excepciones- ha atribuido tal paro a la rigidez del mercado laboral español, así como al excesivo crecimiento de los salarios y de la protección social, que se supone han inhibido la inversión y la expansión en la producción de empleo por parte de la clase empresarial de nuestro país. Esta interpretación del paro se ha reproducido ad nausea en los medios de persuasión, y muy en particular en aquellos próximos al capital financiero, cuyos portavoces han sido los más insistentes en la propagación de aquella interpretación del paro anualmente bendecida por los centros de ortodoxia financieros, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y el equipo económico de la OCDE. Estas interpretaciones de nuestra realidad se han convertido en lo que, con razón, se ha llamado el pensamiento único, que alcanzó ya hace años la categoría de dogma. Como todos los dogmas, éste se reproduce a base de fe (y cajas de resonancias proveídas por los medios de persuasión) más que a base de la evidencia empírica. Como decía mi maestro, el premio Nobel de Economía Gunnar Myrdal, los dogmas económicos son los más impermeables a la evidencia científica.

En realidad, la evidencia científica existente no apoya la interpretación de que el paro en España se haya debido o se deba a la supuesta "falta de moderación salarial" o a la no existente "exagerada protección y gasto social". Un estudio reciente publicado en EE UU y prácticamente desconocido en España apunta hacia otras causas de este paro y de la elevada inflación durante los años ochenta y noventa, causas prácticamente ignoradas en los medios de información españoles. La profesora Sofía Pérez, de la Boston University, en su libro Banking on privilege. The politics of spanish finantial reform (Cornell University Press, 1997), señala precisamente al capital financiero, y muy en particular al comportamiento oligopolístico de la banca española (los seis bancos más importantes de España) y a las políticas proteccionistas seguidas hacia este sector por parte de los Gobiernos españoles, y por el Banco de España, como una de las causas de aquel paro y de aquella inflación durante aquel periodo. La autora del libro muestra que mientras los portavoces de la banca y del Banco de España demandaban la completa liberalización de la economía española, incluyendo la máxima desregulación posible del mercado laboral, el sector bancario exigía y conseguía políticas altamente proteccionistas responsables de los altos intereses bancarios, los cuales continuaron muy altos durante la época de los años ochenta, pese a que el déficit público y la inflación disminuyeron durante aquel periodo. Estos altos intereses supusieron un gran obstáculo para la inversión de capital productivo, debido a los elevadísimos costes financieros del empresariado español, mucho mayores que los de otros países, tanto de la UE como de la OCDE. En 1992, por ejemplo, tales costes financieros para los empresarios españoles fueron nada menos que casi el doble de tales costes en EE UU y más del doble de estos costes en el Japón. Estos elevadísimos costes fueron resultado de las políticas oligopolísticas del sector, favorecidas por las políticas proteccionistas apoyadas por el Banco de España que impidieron la liberalización del sector, con entrada del capital extranjero. Incluso después de la entrada de España en la UE, la entrada de capitales financieros extranjeros en el mercado de capitales fue mínima. Mientras que, en el sector manufacturero, el capital extranjero pasó de ser un 17% en 1985 a un 31,5% en 1990, en el sector bancario, el porcentaje de capital extranjero continuó siendo insignificante. Únicamente el sector energético (en el cual la banca española fue el mayor accionista) tuvo una protección semejante a la que tuvo el sector bancario. Este comportamiento oligopolístico, con elevadísimos costes financieros, significó para la banca española los beneficios más altos en la UE. La tasa de beneficios netos de los seis bancos más importantes de España fue en 1990, por ejemplo, casi tres veces superior que la tasa de beneficios netos de la banca francesa, casi el doble que la banca alemana, más de cuatro veces que la banca belga, menos del doble de la banca italiana, casi tres veces que la banca holandesa y menos del doble que la banca británica. Estos beneficios de la banca española no se debían a su eficiencia (en realidad eran de los bancos menos eficientes con mayores costes en Europa), sino a su control oligopolístico del mercado de capitales. Resulta paradójico que los portavoces del capital financiero y del Banco de España continuaran pidiendo la liberación de todos los sectores (excepto el suyo), así como austeridad social y salarial para el resto de la nación, mientras alcanzaba unos beneficios exagerados debido al proteccionismo de que gozaba. No era la inexistente exuberancia social o salarial, sino la exuberancia bancaria, la que contribuyó en gran manera al paro en España, al dificultar la inversión y producción de empleo.

A pesar de esta y mucha otra evidencia científica acumulada durante estos años, los medios de información continúan reproduciendo el mensaje que caracteriza el pensamiento único de que el gasto social y los salarios son la causa del paro y de la inflación. Sólo hace un mes, en la conferencia del Círculo de Economía en Sitges, un ministro de Economía del Gobierno anterior próximo al Banco de España, el señor Carlos Solchaga, repetía una vez más que el gasto social público era excesivo y tenía que limitarse su extensión, declaraciones que aparecieron en todos los seis diarios más importantes del país. Ninguno de tales diarios publicó, sin embargo, las declaraciones de otro ex ministro, el señor Josep Borrell, con un cargo político, por cierto, en aquel momento de mucha mayor responsabilidad que el anterior, que pidió un crecimiento significativo del gasto social público para alcanzar la convergencia social con la UE. Una vez más, los medios de información configuraron cuál era el mensaje importante y cuál no, promoviendo las posturas que favorecen y silenciando las que no apoyan. La visibilidad de posturas políticas y su proyección mediática depende en gran manera de su articulación dentro de los parámetros aceptados por la sabiduría convencional reproducida por aquellos medios. Hace sólo unas semanas, estos mismos medios de información señalaron con satisfacción la dimisión de Oskar Lafontaine, ministro de Finanzas alemán, que también había tenido la osadía de cuestionar -como Josep Borrell había hecho- los supuestos del pensamiento neoliberal.

Este constante sesgo informativo a favor de las tesis neoliberales está empobreciendo enormemente la democracia española. El lector me va a permitir que termine estas notas con una experiencia personal que considero representativa. Resultado de mi participación en la lucha antifranquista de los años cincuenta y principios de los sesenta, tuve que irme de nuestro país, viviendo en Suecia, la Gran Bretaña y después, desde 1965, en Estados Unidos, trabajando en temas de políticas públicas. Durante este largo exilio he tenido la oportunidad de asesorar a muchos Gobiernos y fuerzas políticas en temas de políticas sociales y económicas. Cuando por fin pude reintegrarme de nuevo a la realidad española hice lo mismo en nuestro país aconsejando a personalidades y fuerzas políticas comprometidas en expandir y mejorar el todavía poco desarrollado Estado de bienestar español. En esta labor he vivido experiencias en España altamente preocupantes que motivaron esta reflexión. Me explicaré. Últimamente estuve aconsejando al señor Josep Borrell, hasta hace unos días candidato socialista a la presidencia del Gobierno, que había hecho, entre otras muchas, una propuesta altamente novedosa y que, de aprobarse, representaría un paso cualitativo de enorme importancia en mejorar la calidad de vida de los españoles. Me refiero a la universalización del derecho a los servicios de ayuda a las familias, tales como guarderías infantiles (de cero a tres años), servicios domiciliarios y servicios a la tercera edad. Durante el proceso democrático se establecieron en España los derechos de todo ciudadano a la sanidad, a la educación y a la pensión. No existe en España, sin embargo, el derecho a la infraestructura de servicios de ayuda a las familias, tales como los servicios enumerados antes, lo cual se refleja en la enorme sobrecarga de las familias (y sobre todo de las mujeres) y en la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo, y en la bajísima fertilidad. En realidad, si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en tales servicios (así como en sanidad y educación) que tienen los países donde tales derechos son universales, España tendría pleno empleo, detalle que el señor Borrell subrayó en múltiples ocasiones, sin que los seis diarios más importantes de España informaran sobre tal propuesta ni una sola vez. Sería impensable en EE UU que si la señora Clinton o el senador Kennedy (personalidades a las que también he tenido el honor de asesorar) hicieran estas propuestas, los medios de información no publicaran tal noticia.

En España, los medios de información no informaron de ninguna de las mayores propuestas auténticamente innovadoras del señor Borrell que proponían una importante expansión del Estado de bienestar español que hubiera beneficiado a la mayoría de la población, recortando a su vez los grandes privilegios de las rentas del capital y otros sectores que se han beneficiado espectacularmente durante estos años de Gobiernos de derechas. El silencio mediático de estas propuestas fue responsable en gran parte de la imagen de "moderación" del candidato Borrell (imagen favorecida, por otra parte, por sectores importantes del partido socialista que han aceptado acríticamente las tesis neoliberales y que se han resistido al desarrollo de tales propuestas), dando una imagen falsa de similitud programática entre las dos opciones políticas mayoritarias en España, que ha empobrecido la vida democrática del país. En lugar de informar sobre tales propuestas, los medios de información se centraron exclusivamente en las irregularidades e ilegalidades de personas que habían sido próximas al ex ministro, aunque tales casos no reflejaran la integridad, honorabilidad y honestidad del candidato. En realidad, esta centralidad en la ilegalidad de sus colaboradores fue el final, no el principio, de una campaña mediática de desprestigio encaminada a destruirle a él y su proyecto. La dimisión de Josep Borrell, un ejemplo de ética política, ha significado, una vez más, el enorme poder del neoliberalismo en España, reproducido en la cultura mediática del país, que ha ido destruyendo, uno por uno, los portavoces del pensamiento alternativo, un pensamiento de reforma profunda de nuestra sociedad, necesario para completar la transición todavía no plenamente realizada hacia un país auténticamente democrático con pleno desarrollo de su bienestar social y con auténtica diversidad en sus medios de información.