A raíz del aniversario de la muerte del dictador general Franco y del nombramiento del rey Juan Carlos I por las Cortes franquistas en 1975, ha habido una movilización mediática y política del país que considero preocupante en una democracia. La causa de mi preocupación es la unanimidad en tal movilización, presentando a la Monarquía como una institución de gran valor para la democracia española. En tal movilización no se ha podido leer u oír ninguna voz crítica ni de la institución ni del Monarca que la dirige, reproduciendo una cultura mediática que afirma que a la Monarquía y a la persona que la representa no se las critica.

Si España hubiera alcanzado el nivel de democracia existente en los otros países de la UE, tal aniversario habría visto una diversidad de opiniones que hubiera incluido voces aprobatorias junto a voces críticas de la institución Monárquica y de la persona que la simboliza. Y puedo hablar con conocimiento de causa, puesto que, a raíz de tener que irme de Cataluña y España en 1962 debido a mi participación en la lucha contra el régimen dictatorial, he vivido en Suecia (país democrático cuyo jefe de Estado es un monarca), Gran Bretaña (país democrático cuyo jefe de Estado es también un monarca) y Estados Unidos (país democrático cuyo jefe de Estado es un presidente elegido y cuyo origen social ha sido en ocasiones de origen muy humilde, como es el caso del presidente Clinton -uno de los presidentes más populares en la historia de EEUU-, cuya madre era asistente de enfermería de profesión, y su padre, un alcohólico que dejó la familia).

En ninguno de estos países (o en cualquier otro país de la UE) el jefe del Estado era libre de escrutinio público y debate crítico. Antes al contrario, tanto en Suecia como en Gran Bretaña, el Monarca y su institución han sido sujetos de gran crítica. Lo mismo en EE UU, donde el jefe del Estado tampoco tiene ningún tipo de blindaje mediático o político que le asegure ausencia de crítica en la sociedad. En cambio, en España el jefe del Estado sí que está por encima de cualquier crítica y hay un consenso unánime en los medios de información en aupar y no criticar ni al Monarca ni a la Monarquía, consenso que se reproduce aun cuando hay casos y situaciones que crearían debates y críticas en otro país democrático.

Ejemplos hay varios. Uno reciente es el regalo de un yate para uso personal del Rey por parte de un grupo de empresarios sin que ningún medio de información editorializara críticamente la aceptación de tal transacción. En Suecia es probable que los medios conservadores lo aprobarían, los de simpatía socialdemócrata expresarían sus reservas y los liberales lo desaprobarían contundentemente. En Gran Bretaña es también probable que en una situación semejante el diario conservador The London Times lo aprobaría, mientras que el diario próximo al Partido Laborista, The Guardian, así como el semanario liberal The Economist (que ha sido de los fórums más antimonárquicos en aquel país), lo criticarían. En EE UU es probable que tal regalo al presidente se hubiera presentado no como un regalo personal, sino como un préstamo de interés nulo y pago indefinido (definiéndolo como ayuda provisional), lo cual no hubiera sido suficiente para acallar un revuelo notable en todos los medios de información. Quisiera aclarar que con esta observación no estoy refiriéndome a la bondad (o a su ausencia) del hecho de que jefes de Estado reciban regalos de yates para uso personal de grupos económicos o empresarios, sino de la bondad de un sistema democrático que no incluya un debate y diversidad de opiniones sobre este hecho. Éste es el hecho preocupante.

Tal unanimidad acrítica apareció también en la celebración unánime de la Monarquía hace sólo unos días durante los festejos que se realizaron para conmemorar los 25 años de la Monarquía, institución que fue presentada erróneamente en varios artículos laudatorios como homologable a las monarquías escandinavas. Ningún monarca escandinavo (o de cualquier otro país de la UE) tiene el blindaje en contra del escrutinio democrático que tiene el Monarca en España, en donde incluso en el Código Penal se penaliza a quien utilice la imagen del Rey de forma que pueda dañar el prestigio de la Corona. Como contraste, en aquellos países de mayor madurez democrática se puede ver, por ejemplo, la imagen de los jefes de Estado en programas satíricos equivalentes a los Guiñol en España. No así en nuestro país.

Las diferencias entre las monarquías del Norte (o del centro de Europa) y la de España, sin embargo, son incluso mayores que las diferencias en posibilidad de escrutinio crítico por parte de los medios de información. La Monarquía española, a diferencia de las monarquías existentes en los otros países europeos, es percibida por amplios sectores de la sociedad como posible árbitro en situaciones políticas, como lo atestigua que varios presidentes de gobiernos autonómicos y varios medios de información han pedido al Monarca que intervenga arbitrando situaciones que rebasan claramente sus responsabilidades constitucionales. En este aspecto, es necesario subrayar que la Constitución Española no permite tal atribución de funciones al Monarca ni tampoco exige este blindaje acrítico que se reproduce en la cultura mediática del país.

Otro comportamiento mediático que considero de escasa sensibilidad democrática es la presentación del Monarca español como la figura histórica que nos dio la democracia, interpretación que apareció en el programa de máxima audiencia sobre la Monarquía que presentó TV-1, según el cual el franquismo era la dictadura de una persona y la democracia era la creación de otra -del Rey-. Sin desmerecer el papel importante que el Rey y otras personalidades tuvieron en la transición, ésta fue, sobre todo, el resultado de la presión popular (en el periodo 1975-1977, España vio el mayor número de huelgas políticas en Europa) y de la presión internacional. De ahí que la alternativa posible en aquellos años no fue, como constantemente se escribe en España, entre dictadura versus democracia, sino sobre qué tipo de democracia.

La vuelta a la dictadura como forma duradera y estable de gobierno era una alternativa con muy escasa posibilidad de realización: ni el pueblo español ni la presión internacional lo hubieran tolerado por mucho tiempo. Por lo tanto, es razonable pensar que las alternativas más reales se configuraban dentro de la democracia, en la que, debido al poder que las derechas tenían durante la dictadura y durante la transición y la debilidad de las izquierdas, resultado de la gran represión a la que estuvieron sujetas durante todo el periodo de la dictadura (que continuó hasta el último año de aquel régimen), la transición se realizó en términos favorables a las derechas, con lo cual las instituciones y reglas democráticas en nuestro país están sesgadas hacia la derecha.

Aunque débiles, sin embargo, fueron las izquierdas las que presionaron para ir democratizando aquel proyecto, cuyos primeros pasos, durante los primeros años de la Monarquía, habían sido a todas luces insuficientes. Las derechas se resistieron tanto como pudieron -como consta que el señor Aznar, entre otros, no apoyara la Constitución cuando se hizo el referéndum que la aprobó-, imponiendo condiciones y restricciones que limitaron su desarrollo democrático, tal como las prerrogativas del jefe del Estado español -únicas en la UE-, que incluyó un blindaje mediático frente a la crítica y escrutinio democrático.

Ahora bien, tales limitaciones, incluyendo las expresadas en el Código Penal, no derivan de la Constitución. Precisamente, una de las grandes victorias de la democracia y del documento constitucional es la de la libertad de expresión con pleno derecho a la crítica a la Monarquía y al Monarca, derecho que los medios de información, reproduciendo una actitud acrítica a la Monarquía, han renunciado a ejercer, empobreciendo nuestra democracia. Es más, la propia Constitución permite su modificación a fin de alcanzar una mayor profundización democrática, realidad ignorada por las derechas de nuestro país, que, mientras que ayer se oponían a ella, ahora se oponen a su modificación, olvidando que la Constitución no es el punto de llegada, sino de partida hacia una sociedad auténticamente democrática. Apoyar la transición y la Constitución no quiere decir presentar la primera como modélica y considerar la segunda como inmejorable. Antes al contrario. La Constitución da el derecho a la ciudadanía para, a través de los cauces democráticos, permitir su mayor desarrollo democrático, que puede incluir, por ejemplo, el posibilitar que en un día futuro una hija de una asistente de enfermería del barrio obrero de Nou Barris, en Barcelona, pueda ser elegida jefa del Estado, representándonos a todos.

Quisiera añadir otra reflexión generada por la unanimidad en el aplauso a la Monarquía que vimos hace unos días, lo cual es también un indicador de la falta de confianza por parte de los medios de información hacia la cultura democrática de la ciudadanía española, reproduciendo una actitud un tanto elitista que valoro como injusta e inmerecida hacia el pueblo español. Tal actitud se reflejaba, por ejemplo, en el artículo escrito por John Carlin, con el que concluía el número especial que este diario dedicó al Rey (22 de noviembre de 2000), en el cual, el autor, con un tono condescendiente para el pueblo español, concluía que la ausencia de actitud crítica hacia el Monarca y hacia la Monarquía en los medios de información reflejaba una falta de preparación de la población española para gozar de plena democracia, definiendo "la autocensura (de los medios de información) como una demostración de responsabilidad cívica", a fin de no dañar la democracia.

Quisiera concluir este artículo expresando mi desacuerdo con esta postura, indicando que, al contrario de lo que John Carlin escribe, la unanimidad acrítica existente es un síntoma de irresponsabilidad cívica y democrática de los medios de información, que ofende la conciencia y cultura democráticas que la ciudadanía española se merece. La Monarquía no puede ser resultado de una imposición mediática ejercida sobre la ciudadanía española, sino que debe ser la consecuencia de su popularidad ganada a pulso, sin cajas de resonancia, contrastándola con otras alternativas, como la forma republicana de gobierno, cuyos promotores deben gozar de la misma accesibilidad a los medios, lo cual no está ocurriendo en nuestra democracia incompleta.

Esta escasa sensibilidad democrática mostrada por los medios de información en su unánime aplauso a la Monarquía con ausencia de crítica hacia tal institución y al Monarca está dañando a la democracia española al reproducir una cultura cortesana que enfatiza un orden jerárquico en el que el jefe del Estado y su corte están por encima de toda crítica, estimulando una aceptación pasiva por parte de la ciudadanía de un sistema jerárquico en el que el Monarca está arriba, mientras que todos los demás estamos abajo, con un gradiente de importancia dependiendo de la distancia existente entre cada ciudadano y el Monarca. No hay que olvidar que una de las consecuencias más positivas de la transición fue precisamente el transformar la figura del jefe de Estado que pasó de serlo "por la Gracia de Dios" a serlo por la gracia del pueblo español, convirtiéndolo en su representante y servidor. Es de gran urgencia democrática que los medios de información modifiquen sus hábitos heredados del régimen anterior y que sometan al jefe del Estado al mismo nivel de escrutinio y debate que ocurre en otros países democráticos, para así alcanzar el nivel de madurez democrática que nuestra ciudadanía se merece.